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SANTO DOMINGO.- Los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicano (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) solicitaron a la Procuraduría General de la República y a la Junta Central Electoral (JCE) investigar denuncias de que sectores oficialistas, supuestamente tienen planeado sabotear las elecciones municipales el próximo domingo 18 de febrero.
La solicitud está contenida en un documento firmado por Manuel Crespo, delegado Político de la FP ante la JCE y Javier Ubiera, suplente ante la Dirección de Elecciones; José Dantés, secretario de Asuntos Jurídico del PLD y Danilo Díaz, delegado Político, así como Héctor Guzmán y Fernando Pérez Volquez, vicepresidente del PRD y delegado Político ante la JCE, respectivamente.
“Nos dirigimos a ustedes con motivo de expresarles la preocupación de nuestras organizaciones políticas ante las denuncias depositadas por varios ciudadanos ante la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, sobre la alegada implicación de individuos, con presuntos vínculos con agencias oficiales, para llevar a cabo un sabotaje de las elecciones municipales”, dice el documento de la Alianza Rescate RD.
HACKEO MEDIANTE UN APAGON
En la instancia depositada al titular de la Procuraduría Especializada Contra Delitos Electorales, doctor Iván Feliz Vargas, recordaron que de acuerdo a la denuncia de Aquiles Jiménez, el sabotaje implica un “plan de hackeo” a través de un apagón eléctrico y/o tecnológico nacional con tres frente estratégicos.
Según dijeron el primero liderado por Sven UwAsmus, alemán, vinculado con la JCE en lo relativo a los lectores biométricos desde el año 2013 y que en la actualidad tiene un despacho en la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
“En caso de que por cualquier circunstancia no puedan ser culminadas todas las diligencias investigativas antes de la realización de dichas elecciones, solicitamos que el Ministerio Público adopte las medidas que resulten suficientes», indicaron los dirigentes opositores.
Dichas medidas serían para evitar que las personas sospechosas de participar en los hechos señalados, puedan ejecutar las acciones que alegadamente estarían dirigidas a atentar contra el normal desenvolvimiento del proceso electoral y así garantizar la integridad del resultado de la votación.