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PATERSON, NJ.- Ex alcalde de Paterson, José “Joey” Torres, se declaró culpable de violar una orden judicial que le prohíbe ocupar un cargo público, segun anunció hoy la Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad (OPIA).
El anuncio lo hizo esta mañana el fiscal general Matthew J. Platkin, quien explicó que Torres se declaró culpable en relación con su campaña de 2022 para recuperar el puesto de alcalde, violando una orden judicial de 2017 que le prohibía postularse o ocupar un cargo público.
“Torres, de 66 años, se declaró culpable de desacato penal (cuarto grado) durante una audiencia ayer jueves el 19 de diciembre, ante la jueza Marilyn C. Clark, quien preside en el condado de Passaic el Tribunal Superior de Nueva Jersey. Había sido acusado de ese cargo tras una investigación de la Oficina de Corrupción de la OPIA”, dijo el fiscal Platkin.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, el Estado recomendará que el tribunal imponga una sentencia de libertad condicional no privativa de libertad, cuya duración será determinada por el tribunal al dictar sentencia, junto con las multas obligatorias.
“Después de su primera condena, el acusado recibió una advertencia justa de que cualquier intento futuro de regresar a un cargo o empleo público resultaría en una acusación penal. Pero trató de postularse para su antiguo puesto de todos modos”, dijo el fiscal general Platkin. “La condena obtenida por la Oficina de Corrupción de la OPIA envía el mensaje de que, cuando la ley estatal y el tribunal dicen que una inhabilitación es para siempre, lo dicen en serio. Y aquellos que no toman en serio las órdenes de decomiso nos verán nuevamente en la corte”.
“Después de ser condenado por un delito de corrupción pública, el acusado intentó afirmar que la orden del tribunal no significaba lo que decía”, dijo Drew Skinner, Director Ejecutivo de la OPIA. “Nadie está por encima de la ley, como demuestra esta condena”.
El 22 de septiembre de 2017, Torres se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer mala conducta oficial en un proceso llevado a cabo por la Oficina de Corrupción del Fiscal General. Fue sentenciado a cinco años de prisión estatal. Como resultado de su declaración de culpabilidad, perdió su puesto como alcalde y se le prohibió permanentemente ejercer cargos y empleos públicos en Nueva Jersey.